A menos de medio año de haber sido aprobada en la Legislatura, la Ley Nº 11.240 de Mecenazgo Deportivo entra nuevamente en etapa de revisión. Este miércoles ingresó al Senado provincial un proyecto de ley que propone modificar dos artículos clave de la norma con un objetivo claro: elevar los beneficios impositivos para que las empresas privadas se vuelquen a financiar el deporte local.
La iniciativa, impulsada por el senador de Juntos por Entre Ríos (JxER), Gustavo Vergara, busca retocar los artículos 14 y 15 de la ley publicada el pasado 30 de diciembre de 2025. El argumento central es que mejorar las condiciones para los privados representa una «inversión indirecta» del Estado en el desarrollo social.
Los cambios propuestos: topes e incentivos fiscales
La reforma apunta a volver más atractiva la ley para los contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que decidan actuar como mecenas (patrocinadores de atletas o instituciones). De aprobarse, la redacción de los artículos quedará de la siguiente manera:
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Artículo 14° (El tope global): El costo fiscal anual del régimen lo fijará el Poder Ejecutivo según el presupuesto de cada año, pero se establece por ley que no podrá exceder el 5% de la recaudación anual de Ingresos Brutos del año anterior.
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Artículo 15° (El beneficio para la empresa): Las personas humanas o jurídicas que financien proyectos deportivos podrán deducir de sus Ingresos Brutos un monto equivalente al aporte realizado. El tope de deducción anual sube hasta un máximo del 12% del impuesto determinado en el ejercicio anterior.
«La deducción no podrá superar mensualmente el 30% del impuesto determinado del mes anterior en que la misma se realiza, pudiendo aplicar el saldo restante en los meses subsiguientes», detalla el nuevo texto propuesto.
Mayor costo fiscal a cambio de inversión social
El autor del proyecto reconoció que la flexibilización de estos topes implicará un mayor costo fiscal para las arcas de la provincia. Sin embargo, defendió la medida argumentando que la provincia se ve beneficiada cuando el sector privado se involucra activamente.
«La experiencia demuestra que, cuando los incentivos son claros y suficientes, el empresariado entrerriano responde positivamente, generando un círculo virtuoso de inversión, desarrollo e integración social», fundamentó Vergara.
Control en manos de ATER
La letra chica del proyecto también establece que la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) será el organismo encargado de dictar las normas reglamentarias y complementarias. ATER tendrá bajo su órbita el diseño de las formalidades, los procedimientos de acreditación, el cómputo y el control estricto de este beneficio para evitar desvíos o un uso desordenado del crédito fiscal.
Con el ingreso del proyecto al Senado, comenzará el debate en comisiones para evaluar el impacto presupuestario de la reforma y definir si se avanza con la modificación de una ley que apenas daba sus primeros pasos en la provincia.