Nación logró sellar compromisos de pago con La Pampa, Chaco, Córdoba y Entre Ríos. Sin embargo, Ignacio Torres (Chubut) amenaza con una demanda de $51.000 millones, mientras que Maximiliano Pullaro (Santa Fe) calificó de «insuficiente» la oferta oficial.
La histórica disputa por las deudas que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con las 13 provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias ha entrado en una fase de definiciones críticas. En medio de la negociación por el Presupuesto 2026, el Gobierno nacional desplegó una estrategia de acuerdos individuales para evitar que el conflicto escale en la Corte Suprema.
El «Efecto Torres» y la mediación de Santilli
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sacudió el tablero político al anunciar que el próximo lunes acudirá a la Corte Suprema para reclamar $51.000 millones adeudados desde 2017. «A nuestros contribuyentes la Nación les debe nada más y nada menos que esa cifra», denunció el mandatario patagónico.
Para intentar frenar la demanda, el ministro del Interior, Diego Santilli, recibió a Torres el viernes. Chubut busca replicar los acuerdos alcanzados por otros distritos, pero con la advertencia de que la vía judicial sigue activa si no hay una propuesta concreta de desembolsos inmediatos.
Los distritos con «luz verde»: Pagos y cronogramas
En los últimos meses, la Casa Rosada logró acuerdos con diversas provincias, aunque con condiciones dispares según la cercanía política y la intervención judicial:
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La Pampa: En un hito político, el peronista Sergio Ziliotto acordó con Santilli y Manuel Adorni un desembolso de $62.500 millones. El pago iniciará con $2.500 millones, seguidos de 12 cuotas mensuales de $5.000 millones a partir de enero de 2026.
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Chaco: El gobernador aliado Leandro Zdero obtuvo el beneficio más ágil: un pago único de $40.000 millones firmado con Luis Caputo.
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Entre Ríos: Rogelio Frigerio selló un compromiso por $48.000 millones, que se pagarán en ocho cuotas mensuales de $6.000 millones.
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Córdoba: Tras una mediación de la Corte, Martín Llaryora recibe $5.000 millones mensuales. No obstante, Córdoba reclama que la deuda real asciende a $17.000 millones por mes y ya impulsó una «Ley de Equidad Jubilatoria» local para paliar el déficit.
Santa Fe: El frente de tormenta
La contracara de estos acuerdos es Santa Fe. El gobernador Maximiliano Pullaro rechazó de plano la oferta del Gobierno nacional, comparándola de forma despectiva con un «ticket canasta». Pullaro sostiene que la deuda con la caja santafesina ronda los $2 billones y criticó que la Nación no reconozca el esfuerzo de la provincia, que ya realizó sus propias reformas previsionales el año pasado.
«Nunca las provincias tuvimos tantas responsabilidades y tan pocos recursos», suele repetir el cordobés Llaryora, resumiendo el malestar general de los gobernadores ante el repliegue del Estado nacional.
Un conflicto de tres décadas
La pulseada tiene su origen en 1994, cuando un grupo de provincias decidió retener sus sistemas jubilatorios bajo la promesa de que la Nación cubriría sus déficits. Con el ajuste fiscal actual, la falta de actualización de esos montos se ha vuelto insostenible para las finanzas provinciales, obligando a los mandatarios a utilizar la vía judicial como principal herramienta de presión política.