La Secretaría de Comercio Interior presentó una guía de buenas prácticas que brinda herramientas para que las empresas adopten la perspectiva de género en sus procedimientos comerciales.
“Frente a la necesidad de abordar la doble desigualdad que enfrentan las mujeres y diversidades en las relaciones de consumo, primero como consumidoras y, además, por su condición de género u orientación sexual, el documento tiene por objetivo lograr relaciones de consumo más equitativas”, destacó Comercio Interior en un comunicado.
Esta guía, que continúa en desarrollo, es llevada adelante gracias al trabajo en conjunto del área que conduce Paula Español, el Gabinete de Género del Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Mujeres.
“Surge a partir de la necesidad de abordar la doble desigualdad que enfrentan las mujeres y diversidades en las relaciones de consumo, primero como consumidoras y además por su condición de género u orientación sexual”, indicó la Secretaría.
Además, subrayó que “de esta manera, desde el Gobierno se comprende que la atención que debe dársele desde el Estado es mucho mayor y contar con una Guía de Buenas Prácticas en las Relaciones de Consumo con Perspectiva de Géneros, permite seguir cimentando una sociedad más igualitaria y democrática”.
El documento de trabajo se funda sobre los distintos aspectos de las relaciones de consumo proveyendo recomendaciones para lograr prácticas equitativas, respetuosas del trato digno y no discriminatorio.
También aborda cuestiones como la información, los rotulados, la publicidad, los formularios y contratos, y demás prácticas relativas a la salud, a la seguridad y a las condiciones de atención y trato.
Desde la Secretaría de Comercio Interior destacaron que “ya se viene trabajando en este sentido, a partir de diversas y reiteradas imputaciones a empresas por incumplir el trato digno o restringir el acceso al consumo por cuestiones de género u orientación sexual”.
Además, remarcaron que “se formó un equipo de abogados y abogadas que se encarga especialmente de tomar aquellos reclamos de consumidoras y consumidores hipervulnerables y brindarle un tratamiento prioritario, que contemple dicha fragilidad, y se generaron y difundieron numerosas herramientas de comunicación para que las y los consumidores conozcan sus derechos y los hagan valer”.