La fiscal Josefina Minatta solicitó que el proyecto en Paysandú sea analizado por la CARU y que se realice una audiencia pública en Colón. Advierten por el impacto ambiental, visual y económico en una zona clave para el turismo entrerriano.
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY – La sombra del conflicto por las papeleras vuelve a sobrevolar las aguas del río Uruguay, pero esta vez con una respuesta institucional más temprana. La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, reclamó formalmente que el proyecto para instalar una megaplanta de biocombustibles en Paysandú (Uruguay) cumpla con el Estatuto del Río Uruguay y active los mecanismos de consulta binacional ante la CARU.
La funcionaria inició una investigación preliminar ante la creciente preocupación de la comunidad de Colón, ubicada a solo tres kilómetros del sitio donde se erigiría el emprendimiento. «El objetivo es evitar lo que sucedió con Botnia: Uruguay debe informar a la CARU en las etapas iniciales, algo que la Corte Internacional de Justicia ya estableció como obligatorio», recordó Minatta.
Los riesgos bajo la lupa: humo y turismo
La investigación ya incorporó estudios técnicos de aire y agua, junto a testimonios recolectados con apoyo del municipio de Colón. El Ministerio Público Fiscal sostiene que el impacto no será solo ambiental, sino también económico y paisajístico:
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Impacto Visual: Dada la cercanía (3 km), las columnas de humo y la estructura industrial serían visibles desde la costanera y el puerto de Colón.
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Amenaza Turística: La región de «Tierra de Palmares» depende de su perfil natural. La fiscal advierte que cualquier alteración en la calidad ambiental podría herir de muerte la economía local.
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Riesgo de Contaminación: Se analizan los posibles efluentes y emisiones que podrían cruzar la frontera líquida del río.
La estrategia legal: «Sin dilaciones»
Minatta busca que Argentina no quede rezagada en la negociación diplomática. Para ello, exige dos herramientas clave:
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Intervención de la CARU: Según el Estatuto, la Comisión Administradora tiene mecanismos para estudiar el proyecto en 30 días. Si la delegación argentina no otorga su conformidad técnica, el avance del proyecto quedaría en jaque.
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Audiencia Pública en Colón: La fiscal consideró insuficiente la instancia realizada en Uruguay. «La gente de Colón tiene derecho a expresarse en su propio territorio sobre un proyecto que los afecta directamente», subrayó.
Coordinación política y diplomática
La Fiscalía trabaja en conjunto con la Cancillería argentina y el gobierno provincial para evitar fisuras que Uruguay pueda utilizar a su favor en un eventual litigio internacional. «Aspiro a que esto se solucione en la negociación política, pero debemos estar preparados con pruebas técnicas para defender el ambiente y los derechos de nuestra comunidad», concluyó la funcionaria.
Mientras tanto, los vecinos de Colón se mantienen en estado de alerta, recordando que la defensa del río es una política de Estado para los pueblos de la cuenca.