La CGT, CTA, sindicatos y organizaciones sociales de todo el país reclamaron este miércoles al Gobierno nacional, a las provincias y a todas las jurisdicciones municipales que “apliquen decididamente las máximas restricciones de circulación para dar tiempo a la campaña de vacunación”.
“Debe aplicarse una estricta suspensión de actividades con aislamiento preventivo y obligatorio en las zonas con mayor riesgo epidemiológico”, indicaron en un comunicado titulado “Primero está la vida. Ya no hay tiempo. Hay que parar”.
Los Intendentes de Merlo, Hurlingham e Ituzaingó plantean la necesidad de restringir aún más la circulación.
“Hoy es el tiempo límite de cuidar la salud por encima de todo ya que toda dilación se pagará en vidas humanas”, explicaron.
Los firmantes indicaron que para que la suspensión sea efectiva, deberán garantizarse desde el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales “la ayuda estatal para quienes no puedan ejercer su trabajo por este período”.
“Es preciso que los alimentos lleguen a los sectores sociales más afectados y que se destinen fondos presupuestarios para ello, desde todas las jurisdicciones, porque tampoco se puede enfrentar la pandemia con hambre”, continuaron.
Las entidades argumentaron el pedido en que la situación sanitaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires, así como en las de un número creciente de provincias y regiones del país “ha comenzado a colapsar”. “Ya no se trata de anticiparse a una posible saturación de unidades de terapia intensiva, esto va a ocurrir”, evaluaron.
En este sentido, propusieron convocar a una mesa de expertos que señalen las pautas de alarma para tomar medidas estrictas y generar un diagnóstico detallado y regionalizado que permita ir monitoreando el comportamiento de la pandemia en todo el país y actuar en consecuencia.
También solicitaron evaluar, de acuerdo a la experiencia de países como Alemania, Uruguay, Francia entre otros, el límite de contagios por 100.000 habitantes “para el cierre de actividades en forma detallada, puntual, temporal y acompañada”.
Por último, plantearon la necesidad de generar un sistema de comunicación permanente a la población, “con criterios unificados, claros y conducentes, que explique la evolución de los casos y las decisiones adoptadas porque las medidas tendrán un impacto positivo a los 10 días de su implementación”.
“Las autoridades deben tomar plena conciencia de la gravedad del momento. El punto crítico en el que entramos no deja lugar para ninguna especulación política, para ninguna disputa partidaria, para ningún interés sectorial”, concluyeron.