El gobierno comenzó a desarmar la resistencia sindical a su proyecto de reforma integral del sistema de salud con preeminencia del sector público por sobre el de la medicina prepaga. Las gestiones a cargo del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, principal delegado de Cristina de Kirchner en la materia, treparon hasta el cotitular de la CGT Héctor Daer, uno de los más reticentes en la central obrera. En paralelo, un encuentro virtual en el que se abordó la problemática contó ayer con la participación de Gollán y su número dos, Nicolás Kreplak, la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, y decenas de gremialistas entre los que se encontraba Antonio Caló, otro de los hasta ahora cruzados contra la reforma.
La propuesta reformista también fue debatida ayer en el Instituto de Investigación Sanitaria de la Seguridad Social, el espacio primordial de lobby de las obras sociales sindicales que capitanea José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y que tiene en su directorio a los principales responsables de las prestadoras de origen gremial. En ese ámbito, el propio Lingeri escuchó ayer un dictamen favorable de parte de los técnicos de la actividad respecto del grueso del documento que tiene al Instituto Patria como patrocinante. Los tres movimientos coincidieron en darle hasta ahora el mayor volumen político a una iniciativa que causa escozor a los dueños de la medicina prepaga por entender que Cristina de Kirchner intentará recortarles porciones del mercado.
El mensaje del oficialismo a los sindicatos incluyó dos premisas: ninguna reforma integral del sistema de salud se hará en lo inmediato, con el proceso en ciernes de vacunación masiva más desafiante de la historia moderna de la Argentina, y una vez encarado el proyecto no será en modo alguno perjudicial para los gremios. Esa garantía resultó fundamental para que se abrieran los canales de diálogo con la CGT, cuya única reacción visible hasta ahora había sido convocar a un encuentro de su “mesa chica” de conducción y difundir a continuación un comunicado con el objetivo de resaltar el valor de las prestadoras sindicales, con una clientela de más de 15 millones de argentinos y un historial más volcado a la solidaridad en contraste con el perfil comercial de las prepagas.
De hecho el objetivo de las tratativas de acercamiento a la CGT, que había adelantado este diario la semana pasada, tenían como otro de sus ejes sumar volumen político y aislar como opositores a empresarios privados como Claudio Belocopitt (Swiss Medical Group) o Luis Fontana (OSDE), quienes elevaron el perfil en las últimas semanas en espejo con los movimientos del kirchnerismo para publicitar la reforma.
En el equipo de especialistas relacionados con el Instituto Patria dieron cuenta de un acercamiento reciente a Daer, sindicado como reticente al plan reformista, para interiorizarlo de sus detalles. En la propia CGT admiten que el cotitular de la central y líder del gremio de Sanidad sostiene una postura más opositora que la de muchos de sus pares frente a la posibilidad de una merma en su rol de articulador entre el Estado y las prepagas, uno de los mayores empleadores de su sindicato.
La salud en la Argentina tiene como actores centrales las obras sociales, un total de 292 con sus más de 15 millones de afiliados; el sector público, que a su vez se divide entre prestadoras como el PAMI (unos 5,5 millones de jubilados) y el IOMA (2,1 millones de estatales bonaerenses) y la atención de los grupos más vulnerables en sus hospitales (el 30% de la población tiene como única cobertura esta alternativa), y por último las prepagas, que entre más de 700 se reparten unos 5,5 millones de afiliados de los cuales sólo un millón son directos y el resto, adherentes a través de la desregulación de aportes de sus prestadoras gremiales de origen.
Uno de los argumentos del kirchnerismo para aliar a la CGT a su causa es que parte del financiamiento de una reforma deberá recaer en los grupos con más recursos, concentrados en los afiliados propios de las empresas de medicina privada y en una porción de los desregulados. Ayer Gollán les dijo a los gremialistas convocados por zoom que no habría reforma alguna sin un trabajo mancomunado con el sector de la seguridad social, como se conoce en el rubro a las obras sociales. Además de Caló (UOM) lo escuchaban otros dirigentes como Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), los también diputados Walter Correa (curtidores) y Vanesa Siley (judiciales de Sitraju) y de otras organizaciones como Smata (mecánicos), Comercio o marítimos (SOMU).