El Senado de la Nación sesionará este jueves 30 de julio para debatir el proyecto de ley de reestructuración de deuda emitida bajo legislación argentina, enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara alta; y el proyecto de Ley sobre Teletrabajo que ya recibió sanción de Diputados.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó hoy el Decreto Parlamentario 70/20 para convocar a sesión especial para pasado mañana desde las 14.
El proyecto de Ley de Deuda, dictaminado la semana pasada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuenta con el apoyo de todos los bloques parlamentarios.
Según la iniciativa, los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.
Entre otras cuestiones, el proyecto destaca que la capacidad de repago de Argentina “está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.
“De igual modo -añade el texto- el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad”.
En tanto, el proyecto sobre Teletrabajo establece los derechos que tendrán los trabajadores y las obligaciones de los empresarios en esta modalidad de empleo que se incorporará a cada convenio colectivo de trabajo.
La iniciativa establece presupuestos mínimos para el trabajo a distancia, el derecho a la desconexión, a tener una jornada determinada y el carácter voluntario de esta modalidad de empleo a distancia.
Entre otros aspectos, se considera “teletrabajo” a la tarea que se realiza en forma parcial o total en el domicilio o en lugares distintos al establecimiento de la empresa.
El proyecto establece presupuestos mínimos que deben cumplir trabajadores y empleadores y deriva aspectos puntales a los convenios colectivos.