En un movimiento que busca saldar una deuda histórica con la ciudadanía, la provincia de Entre Ríos sancionó la Ley N° 11.191 de Acceso a la Información Pública. Esta normativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y aprobada por unanimidad en ambas cámaras, reemplaza un antiguo decreto y promete un nuevo horizonte de transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, hay organismos que omiten cumplir con la norma dictada por el parlamento provincial.
Si bien la nueva ley va más allá de un simple cambio de nombres, por primera vez en la provincia, la obligación de informar no recae solo en el Poder Ejecutivo. Desde la sanción de la norma, el alcance es total: se extiende al Poder Legislativo, el Judicial, y a todos los entes descentralizados, empresas del Estado e incluso a los municipios y comunas. «Este es un cambio radical que democratiza el acceso a la información y pone un freno a la opacidad», se prometía.
El Senado de la provincia sostiene la restricción de informar los contratos vigentes durante el 2025 y, según fuentes, esos mismos contratos seguirían dandose en un contexto poco claro.
«Uno de los pilares de esta modernización es el concepto de transparencia activa», se argumentó para avanzar en la sansión de la norma.
Ya no sería necesario que un ciudadano solicite información para que esta sea pública. La ley obliga a los organismos a publicar de manera proactiva y en sus sitios web oficiales los datos más relevantes, desde la ejecución presupuestaria hasta los sueldos de los funcionarios y las licitaciones en curso. Esa información sigue custodida bajo llaves por la vicegobernación ya que no se ha publicado el listado de los mismos.
Además, para facilitar el proceso, se crea una Oficina de Acceso a la Información Pública, un organismo específico que centralizará las solicitudes y garantizará que la información sea entregada de manera «completa, veraz, adecuada y oportuna».
«Esto busca poner fin a las demoras y evasivas que a menudo caracterizaban los trámites anteriores», se sostuvo oportunamente.
La sanción de la ley fue acompañada de otra medida clave: la eliminación de los gastos reservados, una figura que durante años permitió a los funcionarios disponer de fondos sin necesidad de rendir cuentas detalladas. Esta acción conjunta marca un mensaje claro: el Estado entrerriano se compromete a una gestión más austera y transparente, donde cada peso invertido pueda ser fiscalizado por la sociedad.
En un contexto nacional y provincial donde la desconfianza en la política es un sentimiento creciente, la nueva ley de Acceso a la Información Pública en Entre Ríos se presenta como una herramienta fundamental para reconstruir el vínculo entre la dirigencia y la ciudadanía. A partir de ahora, la rendición de cuentas ya no es una opción, es una obligación.