La nueva norma, impulsada por el Ejecutivo, busca fomentar el blanqueo y la inversión mediante un esquema de «blindaje» patrimonial. Se elevaron drásticamente los montos para considerar delitos de evasión y se redujeron los plazos de prescripción.
En una sesión clave, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, una pieza fundamental en el esquema económico del presidente Javier Milei. La normativa introduce cambios estructurales en el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, con el objetivo de atraer dólares del mercado informal y simplificar la carga administrativa sobre los contribuyentes.
El «Blindaje» Patrimonial: Consumos sin control
El punto más disruptivo de la ley es la creación del Régimen Simplificado de Ganancias. Según la nueva normativa, los contribuyentes con un patrimonio de hasta $10.000 millones que adhieran al sistema quedarán, en palabras del Gobierno, «blindados para siempre».
Bajo este esquema, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) solo cobrará el Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos facturados. Esto significa que:
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El fisco no controlará el crecimiento patrimonial de los adherentes.
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No se realizarán auditorías sobre los consumos personales.
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Las variaciones de riqueza no requerirán justificación ante el organismo recaudador, siempre que se acepte la declaración jurada propuesta por ARCA y se pague en término.
Nuevos pisos para la Evasión: Menos causas penales
La ley también modifica los umbrales de punibilidad, lo que supone un alivio legal inmediato para miles de contribuyentes. Los montos para que la justicia considere que existe delito cambiaron drásticamente:
| Tipo de Delito | Monto Anterior | Nuevo Piso (Ley Inocencia Fiscal) |
| Evasión Simple | $1.500.000 | $100.000.000 |
| Evasión Agravada | $15.000.000 | $1.000.000.000 |
Esta actualización busca que la justicia penal económica se concentre exclusivamente en los grandes defraudadores, dejando de lado las causas menores que hoy saturan los tribunales.
Prescripción corta y multas por demora
Otro beneficio clave es la reducción del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias, que baja de 5 a 3 años. Además, se establece que ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda y sus intereses, beneficio que podrá utilizarse una única vez por contribuyente.
Sin embargo, no todo es relajamiento: la ley endurece las sanciones económicas por presentaciones fuera de término. El mensaje del Gobierno es claro: se otorga libertad para disponer del patrimonio y se reducen los controles de fondo, pero se exige una puntualidad rigurosa en el cumplimiento formal de las declaraciones juradas.
Con la sanción de esta ley y la aprobación del Presupuesto 2026, el oficialismo cierra una semana legislativa de alto vuelo, consolidando las herramientas legales para su programa de desregulación económica.