En un fallo con fuertes repercusiones políticas, la Justicia Federal procesó este lunes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otros 18 implicados en una causa que investiga irregularidades en la compra de medicamentos. El exfuncionario, estrechamente vinculado al entorno personal del presidente Javier Milei, es señalado como presunto jefe de una organización criminal.
El fallo del juez Casanello
La medida fue dictada por el juez Sebastián Casanello, quien, en sintonía con el fiscal Franco Picardi, aplicó cargos por delitos de extrema gravedad institucional. La resolución sostiene que la ANDIS fue utilizada como una estructura para el enriquecimiento ilícito a costa de los recursos destinados a personas con discapacidad.
Las figuras penales que pesan sobre los procesados incluyen:
-
Asociación ilícita.
-
Defraudación al Estado.
-
Cohecho (coimas).
-
Negociaciones incompatibles con la función pública.
Un sistema de «retornos» con laboratorios
Según el escrito judicial, existió un «sistema de retornos» mediante el cual funcionarios y empresarios del sector salud operaban de forma mancomunada. El magistrado describió la situación como una «organización criminal» que adjudicaba contrataciones públicas de manera indebida a cambio de millonarias recompensas económicas.
«La ANDIS fue cooptada y empleada como una vía de enriquecimiento en claro desmedro del cuidado de las personas en situación de discapacidad», sostiene el fallo difundido hoy.
Quiénes son los otros implicados
Además de Spagnuolo, el procesamiento alcanza a figuras clave de la gestión y del sector privado:
-
Daniel Garbellini: Ex número dos de la ANDIS.
-
Miguel Calvete y Pablo Atchabahian: Vinculados directamente con droguerías y laboratorios.
-
15 imputados más: Entre exfuncionarios y operadores externos que ya fueron citados a indagatoria.
Impacto en la Casa Rosada
La decisión judicial representa un duro revés para el Gobierno. Spagnuolo, quien fuera abogado personal de Milei, había intentado el mes pasado que se declarara la nulidad de la causa. El expediente se inició tras la filtración de audios donde el propio exfuncionario mencionaba el reparto de dinero espurio que salpicaba a figuras de la primera línea de la administración central.
Con este procesamiento, la justicia busca determinar el alcance total de la red y si los beneficios del sistema de retornos llegaron, como sugerían los audios, a niveles superiores de la jerarquía estatal.