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Fernández habló de Monotributo sin dar precisiones

Pasados ya dos meses desde el inicio de 2021, la tabla del monotributo sigue este año sin actualización de sus montos. Los valores de las facturaciones máximas, tanto de las que rigen para entrar y permanecer en el sistema simplificado, como de las que determinan en qué categoría ubicarse, son por ahora los mismos que en 2020. Y esto es así porque, pese a que transcurrió ya el período de sesiones extraordinarias, el Congreso no consideró un proyecto referido al sistema, que había sido incluido en el temario especial para ese lapso. Entre otros puntos, esa iniciativa propone que los números que rigen el esquema del monotributo se eleven este año (como hecho excepcional) en el mismo porcentaje en que subió en 2020 el haber mínimo del sistema previsional nacional. Es decir, en un 35,3%.

Dejar las cifras sin reajustarlas hace más probable que algunos contribuyentes deban salir del sistema simplificado para ir al más oneroso y burocrático régimen general. Los topes de facturación para ser hoy monotributista son de $1.739.493,79 (actividades de servicios) y de $2.609.240,69 (comercio). Con la aprobación del proyecto pasarían a $2.353.535,10 y a $3.530.302,65, respectivamente. La demora en que se cumpla con la ley que establece que debe haber una actualización desde el mes de enero -demora que primero fue del Poder Ejecutivo y luego, del Legislativo- provoca incertidumbre. La iniciativa que espera ser tratada en el Congreso también contempla varias disposiciones especiales para quienes se excedieron en los últimos tiempos de los montos permitidos y para quienes se excedan en el futuro. Básicamente, se prevé dar acceso a medidas de alivio del costo económico que hoy implica ir de un sistema a otro.

El congelamiento de las cifras tiene también su impacto negativo en los montos que se cobran por la asignación por hijo que, dicho sea de paso, se elevan desde este mes por la aplicación de la fórmula de movilidad previsional. Hay contribuyentes que, estando en una categoría mayor a la que les correspondería en caso de estar actualizada la tabla, cobran una cifra menor por ese concepto, respecto de la que podrían estar percibiendo si rigieran los nuevos valores.

En su discurso de inauguración de las sesiones legislativas, el presidente Alberto Fernández hizo una muy breve referencia al tema. Lo cierto es que el Poder Ejecutivo envió su proyecto al Congreso recién el 31 de diciembre de 2020, después de que se generara incertidumbre respecto de la actualización correspondiente a este año. Esa situación de falta de certezas para hacer el reajuste ya era algo evidente a principios del año pasado. Ocurre que, desde 2018, y por una disposición legal, las variables del sistema simplificado (las facturaciones máximas y los aportes mensuales que se abonan al fisco y a la obra social) se reajustan en cada mes de enero, en igual porcentaje que la suba obtenida en el año previo por las jubilaciones y pensiones del sistema de la Anses, según el sistema de movilidad automática. Pero en 2020 la fórmula legal para el aumento de las prestaciones previsionales estuvo suspendida y, entonces, se dieron recomposiciones por decreto, que se decidieron de manera discrecional y que no fueron de igual porcentaje para todos.

Desde el Gobierno se entendió entonces que, solo por este año, se le debía pedir al Congreso la aprobación de una ley que incluyera una disposición especial para la actualización. El texto se envió el último día de 2020. Y entre el 1° y el 31 de enero rigió el período de recategorización de contribuyentes. Este trámite, según se informó entonces desde la AFIP, no dejó de ser obligatorio (pese a la incertidumbre) para quienes debían cambiar de categoría. A diferencia de lo ocurrido en los años previos, la tabla que los monotributistas debían mirar para ver si estaban bien categorizados era la de 2020; es decir, la que incluye los valores sin actualizar.

¿Cuáles son las consecuencias prácticas del congelamiento en el caso de los aportes y de las asignaciones por hijo? Suponiendo el caso de alguien que estaba en la categoría D y que, al finalizar 2020 había acumulado una facturación anual de $630.000, si cumplió con la recategorización debió haber pasado a la categoría E (el límite de la D es $626.217,78). En la E paga un aporte integrado (sin actualizar y si está en una actividad de prestación de servicios) de $3872,18 y, si tiene hijos, cobra por cada uno $2709 desde este mes de marzo, según los valores establecidos por una resolución de la Anses publicada ayer en el Boletín Oficial. Si la tabla estuviera actualizada según lo previsto en la iniciativa de ley y, en consecuencia, este contribuyente estuviera en la categoría D (que con los nuevos valores admitiría a quienes tengan ingresos anuales de entre $564.848 y $847.273), entonces abonaría $3988,56 (el aporte de la categoría, actualizado en un 35,3%) y cobraría por hijo $4017.

Otro caso: alguien que también presta servicios, que facturó en 12 meses $1.100.000 y estaba ya en la categoría G, debería seguir en ese casillero ante la falta de actualización. Con el reajuste de los números del esquema en un 35,3%, pasaría a estar en la categoría E (dos más abajo). Al estar en la G paga un aporte mensual integrado de $5406 y, eventualmente, cobrará por hijo un monto de $1637. Con actualización, en la E pagaría $5239 (cifra con actualización) y cobraría por hijo $2709.

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