Estiman que tuvieron un alza en los costos, de entre 30% y 35% en promedio en el último año, con picos del 90%. A esto, afirman, se le debe sumar el incremento del costo de la logística, que en 2020 se movió en torno del 35%.
Luego de la dura imputación por parte de la Secretaría de Comercio Interior a 11 empresas, a las que las acusó directamente de ser las culpables del desabastecimiento de algunos productos, la industria espera el llamado del Gobierno para volver a exponer su situación.
Pese a que se había advertido que esta semana arrancarían los encuentros con las diferentes firmas, hasta el momento no se pautó ninguna reunión.
Según pudo saber El Cronista, esto recién podría ocurrir entre fines de esta semana e incluso la próxima, ya que entre mañana y pasado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto a otros funcionarios de su cartera, estarán en Tierra del Fuego.
Esto no hace más que incrementar la ansiedad de algunos empresarios, que incluso elevaron pedidos de encuentros con la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aunque todavía no obtuvieron una respuesta.
Lo que sí está claro es que el clima que se vivirá en esos encuentros no será el mejor. La acusación respecto del desabastecimiento no cayó nada bien en el sector, y las empresas volverán a plantear su falta de responsabilidad en este sentido.
Pero además volverán a la carga con la idea de revisar los costos de la cadena de comercialización “hacia atrás”, es decir tener en cuenta los costos con los que las compañías trabajan, que estiman que tuvieron un alza de entre 30% y 35% en promedio en el último año, con picos del 90%. A esto, afirman, se le debe sumar el incremento del costo de la logística, que en 2020 se movió en torno del 35%.
Según dijeron las diferentes fuentes consultadas por un diario especializado, los empresarios también harán foco en el congelamiento de precios al que debieron hacer frente durante buena parte del año pasado, que en algunos segmentos permitió incrementos de precios de no más de 10%.
Así, exigirán que se les dé libertad para mover sus valores, siempre dentro de los márgenes oficiales que implica el Presupuesto 2021, que impone una inflación de 29%.
“Es imposible en cualquier esquema pensar en un congelamiento durante un año. No hay análisis que resista esta situación. Estamos en todo nuestro derecho y es totalmente lógico que busquemos una solución a esto”, afirmó un empresario.
La idea del Gobierno no pasa justamente por allí. A lo sumo se podrán realizar algunas revisiones en determinados productos, pero no tiene en mente liberar los precios.
“No debemos esperar mayores cambios respecto de esta política porque entendemos que sería terminar con las expectativas de lograr una inflación de 29% para este año”, sostuvo a El Cronista una fuente oficial, y agregó que “esto no quiere decir que en algún momento se permitan algunos retoques, pero muy específicos”.
El Gobierno también tiene previsto continuar con el proceso de fiscalización que encaró hace algunas semanas en varias empresas y supermercados, una iniciativa que fue la que luego desembocó en la acusación a 11 empresas de primera línea por desabastecimiento. Incluso, no se descarta que se repita la visita a empresas para analizar sus stocks y volúmenes de producción.
El otro gran punto en el que los empresarios harán hincapié será en la carga impositiva que deben afrontar. “En alimentos la carga es de 40% y en bebidas de 50%. Es absolutamente imposible trabajar así, y mucho menos pensar en la posibilidad de una reducción de precios por nuestra parte. Si el Gobierno mira todas las variables para que se abaraten los productos, sin dudas este es un punto que se debe atender”, sostuvieron desde una de las empresas consultadas.