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Legisladores nacionales de Juntos por el Cambio piden medidas para frenar toma de tierras

“Como legisladores nacionales de Juntos por el Cambio por la Provincia de Entre Ríos solicitamos a las autoridades del Poder Ejecutivo provincial y a los jueces competentes que se tomen las medidas necesarias y urgentes para evitar la multiplicación de toma de tierras de las que ciudadanos entrerrianos están siendo víctimas, y se lleven adelante las acciones necesarias para desalojar las ya usurpadas”, comienza el comunicado enviado a la redacción de INFOCONCORDIA y lleva la firma de los Senadores Alfredo De Angeli y Stella Olalla y de los Diputados Nacionales por Entre Ríos Atilio Benedetti, Alicia Fregonese, Jorge Lacoste, Gabriela Lena y Gustavo Hein.

“En el marco de la premeditada inacción del gobierno nacional y el fomento de dirigentes sociales que, en muchos casos, responden al propio gobierno y hasta detentan cargos en él, esta modalidad se ha transformado en una pandemia nacional y no cabe más que deducir la existencia de un plan sistemático destinado a violentar la propiedad privada”, agrega el parte.

Además, intuyen que “el gobierno de la Provincia de Entre Ríos parece seguir el mismo mandato o formar parte del mismo plan, aplicando idéntica mecánica”.

“La propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sin sentencia fundada en ley”, dice la Constitución que todos juramentamos respetar. Y más allá de los intereses de los propietarios brutalmente usurpados en todo el país, la exigencia de los abajo firmantes se basa en la convicción indeclinable de hacer cumplir la Ley Fundamental en todo el territorio de la Nación, continúan.

La prevención de estos hechos está a cargo de las fuerzas de seguridad que siguen los mandatos del Poder Ejecutivo. Es imposible que las autoridades puedan ignorar una situación que se multiplica a lo largo del país, ni que se vean sorprendidos por las tomas.

“La inacción en materia de prevención no es otra cosa que complicidad”, afirman los parlamentarios.

“La ausencia del Estado en la custodia de derechos constitucionales fundamentales genera un severo riesgo para la paz social, resulta una declinación inadmisible del uso de la fuerza legítima que los ciudadanos delegaron en el Estado y pone a la sociedad en un estado de indefensión que no puede sostenerse frente al tumulto usurpador”, advierten.

Finalmente apelan a la utilización de los resortes estatales correspondientes deben poner un freno a esta situación y restablecer a la mayor brevedad posible la plena vigencia del Estado de Derecho y lamentan estos hechos, sino que, además, exigen “el inmediato cumplimiento del mandato constitucional de custodia de los derechos básicos de los ciudadanos”.

Cerraron afirmando que esperan “la pronta acción de la Justicia en las situaciones que se están planteando en la Provincia de Buenos Aires, la Patagonia y Entre Ríos”.

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