El Ministro del Interior, Diego Santilli, confirmó esta mañana que el oficialismo logró consolidar los apoyos necesarios para convertir en ley la reforma laboral. Según el funcionario, el Congreso dará un paso decisivo este miércoles en la Cámara Alta, marcando el inicio de una nueva etapa en el mercado de trabajo argentino.
Un miércoles clave en la Cámara Alta
Santilli destacó la labor parlamentaria de la Vicepresidenta Patricia Bullrich en el Senado y de Martín Menem en la Cámara de Diputados para alcanzar el consenso. Aunque reconoció que el proyecto original sufrió modificaciones, enfatizó que «el objetivo central no se ha modificado».
El ministro vinculó directamente esta ley con la estrategia del presidente Javier Milei para la segunda mitad de su mandato:
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Foco en el empleo: «El objetivo es crecer y generar trabajo formal», señaló.
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Modernización: Argumentó que es urgente actualizar leyes redactadas antes de la existencia del trabajo remoto y la tecnología actual.
Los tres pilares de la reforma, según el Gobierno
El Ejecutivo busca atacar lo que considera los problemas estructurales del sistema actual. Santilli desglosó los beneficios que, según su visión, traerá la nueva normativa:
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Combate a la informalidad: Apuntan a que más del 50% de los trabajadores que hoy están «en negro» accedan a aportes jubilatorios, salud y sueldos bancarizados.
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Fin de la «industria del juicio»: El ministro subrayó que el sistema actual castiga especialmente a las PyMEs, que son las que menos herramientas tienen para protegerse frente a litigios prolongados.
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Seguridad jurídica: La ley busca dar previsibilidad a los empleadores para incentivar la contratación.
«La Argentina no puede esperar más. Necesitamos leyes que se adapten a la realidad, donde el trabajo remoto y el celular son parte del día a día», afirmó Santilli en declaraciones radiales.
Agenda parlamentaria 2026
Más allá de lo laboral, el titular de la cartera de Interior vaticinó un año de intensa actividad en el Congreso. Además de las sesiones extraordinarias, destacó que se avanzará en proyectos como la Ley de Glaciares, orientada a devolver facultades de gestión a las provincias.