En un escenario de máxima ruptura política, la diputada nacional Marcela Pagano (exintegrante de La Libertad Avanza) presentó este viernes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei. La acción judicial surge como consecuencia de las declaraciones del propio mandatario durante una entrevista brindada ayer jueves en un canal de streaming.
Según el documento de la denuncia, Pagano sostiene que el jefe de Estado incumplió sus deberes de funcionario público al no dar intervención a la Justicia tras relatar públicamente dos hechos de extrema gravedad institucional que configuran delitos de acción pública.
Los dos ejes de la denuncia judicial
La presentación penal de la legisladora se fundamenta en dos tramos específicos del reportaje televisivo:
1. La acusación de un presunto «Golpe de Estado»
Durante la entrevista, Milei afirmó textualmente que, a partir de la victoria electoral de Manuel Adorni (actual jefe de Gabinete) en los comicios legislativos porteños de medio término, se intentó perpetrar un golpe de Estado contra su administración.
-
El argumento de Pagano: La diputada advierte que dichos sucesos encuadrarían prima facie en el delito previsto por el artículo 226 del Código Penal (atentado contra el orden constitucional y la vida democrática) y el artículo 227 bis. Al tratarse de una de las mayores amenazas institucionales, Pagano remarca que su investigación en los tribunales es «indelegable».
2. El intento de coima por parte de un empresario
En otro pasaje de la transmisión, el Presidente relató haber recibido un ofrecimiento de dádivas o soborno por parte de un importante hombre de negocios.
-
El argumento de Pagano: Para la denunciante, la conducta del privado descrita por el mandatario encuadra en el delito de cohecho activo (artículo 258 del Código Penal), agravado por el artículo 259 bis debido a la alta investidura del funcionario al que se dirigió la oferta económica.
El deber del funcionario público
La denuncia hace foco en la contradicción legal en la que incurriría el Presidente al ventilar estos hechos en los medios antes que en la Justicia. De acuerdo con la normativa vigente en la administración pública, todo funcionario que tome conocimiento de un delito en el ejercicio de sus funciones tiene la obligación legal de denunciarlo de manera inmediata.