El juez Hernán Viri llamó a declarar a Juan José Bahillo, Hugo Ballay y María Daniela García. Se investiga el presunto incumplimiento de sentencias que ordenaban clausurar plantas sin habilitación ambiental en Ibicuy.
Gualeguaychú, 2 de marzo de 2026 – La investigación por la explotación de arena de sílice en el sur de Entre Ríos dio un giro determinante. El Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del Dr. Hernán Viri, consideró acreditado el «estado de sospecha» y citó a declaración indagatoria a tres figuras clave de la gestión provincial anterior, acusados de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Los exfuncionarios deberán presentarse en las siguientes fechas:
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Juan José Bahillo (exministro de Producción): 20 de marzo.
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Hugo Alberto Ballay (exministro de Economía): 10 de abril.
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María Daniela García (exsecretaria de Ambiente): 17 de abril.
El eje del conflicto: sentencias ignoradas
La causa, impulsada por la querella de Carlos Cadoppi con el patrocinio de Ricardo Luciano, investiga por qué no se ejecutaron dos sentencias firmes de 2022. Dichos fallos ordenaban la clausura inmediata de todas las areneras y plantas de lavado que no contaran con estudios de impacto ambiental y certificados de aptitud en regla.
Según la justicia, los funcionarios habrían permitido que empresas como Cristamine SA continuaran operando pese a no cumplir con requisitos críticos, como la realización de audiencias públicas obligatorias, las cuales —según la denuncia— recién se habrían concretado en febrero de 2025.
Un «delito continuado» que alcanza a la gestión actual
La investigación no se limita al pasado. El magistrado también mantiene bajo la lupa a las autoridades que asumieron en diciembre de 2023. Entre los ya indagados figuran:
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Guillermo Bernaudo (actual ministro de Desarrollo Económico).
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Rosa Hojman (secretaria de Ambiente).
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Ezequiel Maneiro (intendente de Ibicuy).
La hipótesis judicial sostiene que el incumplimiento es un «delito continuado», ya que las nuevas autoridades habrían renovado habilitaciones viciadas, convalidando presuntas irregularidades administrativas.
Números que alarman: el impacto en el humedal
Más allá de los nombres propios, el informe judicial pone el foco en la magnitud de la actividad extractiva en el Departamento Islas del Ibicuy:
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Extracción masiva: Cerca de 500 camiones diarios retiran 45 toneladas de arena cada uno.
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Consumo de agua: Se estima un uso de entre 12 y 15 millones de litros diarios de agua dulce para el lavado de arena, afectando el acuífero local.
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Alteración milenaria: Los ambientalistas advierten que se están removiendo sedimentos formados a lo largo de 4.500 años, dañando irreversiblemente el ecosistema de los humedales.
«Una sentencia no es una sugerencia», subraya el análisis jurídico del caso. El incumplimiento de estas órdenes no solo afecta al medio ambiente, sino que debilita la división de poderes y la autoridad del sistema judicial.
¿Qué sigue en la causa?
Tras las indagatorias, el juez Viri tendrá un plazo perentorio para definir la situación procesal de los imputados: procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento. El caso de las areneras de Ibicuy se perfila como un «caso testigo» para la gobernanza ambiental en Argentina, marcando un precedente sobre la responsabilidad penal de los funcionarios que ignoran los fallos de la justicia.