Enfrentamiento entre fiscales y jueces explican nuevo revés a la funcionaria en el Supremo Tribunal. Intrigas, denuncias y traiciones, el fondo.
Reducir el proceso de jury al que está siendo sometida la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche a una disputa política partidaria no sólo es errado, sino que desvía la atención de la verdadera trama detrás del caso. Una dura interna judicial se desató en Entre Ríos sobre la funcionaria y quedó confirmada con la última decisión del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia que revocó el amparo que la beneficiaba por el apartamiento del Ministerio Público Fiscal como acusador del proceso de juicio político en su contra.
Esa decisión -con un tribunal integrado con vocales subrogantes que nunca intervinieron en los casos de presunta corrupción aludidos como motivo de la destitución- fue una señal más contundente, luego del guiño que la fiscal obtuvo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que le ordenó al STJ de Entre Ríos que trate el amparo que había rechazado antes. En el fondo, la pulseada es entre los fiscales (que salieron a apoyar a la funcionaria) y los jueces que concluyeron que toda la estructura del MPF local quedó comprometida en la denuncia por mal desempeño que recibió toda su cúpula a partir del ocultamiento de que Goyeneche había mantenido negocios inmobiliarios con uno de los contadores imputados por presunto lavado de dinero en la denominada “causa de los contratos”. El evitar apartarse de la investigación, negar el vínculo y luego ceder a su sobrina la propiedad que compartía con un imputado para disimular ese nexo son las únicas causales bajo análisis. Y cuando se bucea en el submundo de relaciones políticas y judiciales de la provincia queda en evidencia que no es posible explicarlo por un enfrentamiento entre el PJ y sectores ligados Juntos por el Cambio y apoyados a nivel local por Rogelio Frigerio.
Un sólo dato es demoledor: los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet fueron los que denunciaron a Goyeneche. Son cercanos al radicalismo. Pero más allá de ello, son los mismos que iniciaron la causa por la que, tras un juicio oral, resultó condenado a 8 años de prisión al exgobernador peronista Sergio Urribarri por delitos contra la administración pública.
Pagliotto y Mulet fueron también contra la cabeza del MPF, Jorge Amílcar García lo que, en una situación inédita y extraordinaria arrastró a toda la estructura de fiscales que podrían haber actuado porque, básicamente, debían “acusar” a sus jefes en el jury.
El Jurado de Enjuiciamiento no solo inició el proceso y suspendió a Goyeneche por 6 votos a 1, como había adelantado Ámbito, sino que decidió seleccionar a un fiscal ad-hoc para acusar de una lista de propuestos para el propio STJ. Allí apareció el abogado Gastón Justet que desempeñó ese rol. Ese Jurado lo integran 3 miembros del Superior Tribunal, 1 diputado, 1 senador y 2 del Colegio de Abogados. Son los que deben arribar a una resolución sobre la eventual destitución de Goyeneche, con mucho más apoyo en Capital Federal que en el ecosistema entrerriano de Justicia.
Fuerte revés
El revés propinado por el STJ de Entre Ríos a su amparo -con una composición distinta y sorteada entre jueces de Cámara- ejemplifica esa interna feroz. A su favor votó solo un vocal. En contra, cuatro. Fabiola Bogado Ibarra, Guillermo Federik, Emiliano Matorras y Gabriela López Arango conformaron la mayoría y si bien (a pedido de la Corte Suprema) argumentaron que el amparo no era la vía para cuestionar decisiones del Jurado de Enjuiciamiento, Federik abordó en su voto el fondo de la cuestión y reafirmó que darle lugar al MPF en el jury comprometía la objetividad e imparcialidad que debía tener el proceso.
Bogado Ibarra preside la Cámara Tercera Laboral, Matorras es vicepresidente de la Sala Segunda y Federik es vocal del mismo tribunal. Son jueces laborales -y uno fue Procurador Fiscal de Gualeguay- que actuaron como conjueces. López Arango además de camarista laboral es titular de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, la asociación que nuclea a los jueces en Entre Ríos. Su arribo a la cúspide está ligada a la influencia que el propio Urribarri había delegado en el procurador García durante su gobierno, rol que le venía heredado desde la gobernación del peronista Jorge Busti. El diseño judicial de la estructura del actual de fiscales tiene mucho de sus pinceladas. De hecho, López Arango desde su rol institucional defendió en un comienzo a Goyeneche cuando arreciaron las denuncias. Sin embargo, todo cambio cuando la fiscal, en una audiencia ante los jueces, en 2018, negó enfáticamente que existiera una relación comercial con el contador Pedro Oppromolla, socio de su marido, vínculo que resultó probado por el Registro de la Propiedad que dio cuenta de dos inmuebles cuestionados. De allí en más, algo que quebró.
Como se ve, existe una madeja de relaciones, traiciones y enfrentamientos que impiden una lectura lineal sobre el convulsionado sistema judicial de Entre Ríos. Es difícil perder de vista que es la misma justicia que acaba de condenar a un exgobernador la que encontró evidencias de irregularidades en la actuación de la fiscal. Para abundar en la confusión existe otra particularidad: Goyeneche misma admitió en una audiencia que no es la fiscal anticorrupción, ni siquiera “subrogante” o interina, porque es un cargo que, en realidad, todavía no existe.
Por: Gabriel Morini / Ambito.com