Con críticas a la ley de emergencia aprobada por la legislatura entrerriana y promulgada por el ejecutivo, cuatro gremios estatales entrerrianos realizaron la presentación de una medida cautelar que suspenda los alcances de la norma.
Desde ATE responsabilizaron al gobierno y las autoridades por el déficit de la caja de jubilaciones y renovaron el pedido de que sea el poder político, los privilegiados y las grandes fortunas sean los que aporten.
Concretamente, los sindicatos presentaron un planteo de inconstitucionalidad -una presentación de más de 50 fojas que ingresó al Juzgado de Familia Número 3- y una medida cautelar innovativa para lograr que se suspenda la aplicación de la ley mientras se analiza la cuestión de fondo. Así lo precisaron hoy los dirigentes sindicales en una conferencia de prensa virtual, encabezada por el Secretario general de AGMER, Marcelo Pagani; Oscar Muntes, de ATE; Mirta Raya de UDA y Andres Bessell, de AMET. Por AGMER estuvieron también Ana Delaloye y Alberto Díaz.
Estamos atravesando una situación difícil, no sólo por el contexto de pandemia y cuarentena, sino que tenemos esta ley, aprobada por la Legislatura de Entre Ríos y promulgada el 8 de julio por el Ejecutivo, que atenta contra muchos derechos de los y las trabajadores”, manifestó Marcelo Pagani.
Luego repasó los “números inaceptables” que AMGER ha venido difundiendo y que muestran que algo más del 64% de los recursos que el Estado piensa recaudar con esta ley es aportado por trabajadores y jubilados, mientras que bancos y financieras aportan poco más del 15%, el agronegocio pone 7% y laboratorios y farmacias el 12%.
“Hemos sido claros al plantear nuestro posicionamiento con respecto a esta Ley. No desconocemos que necesitamos un Estado potente y con recursos, pero el aporte no puede salir de los trabajadores. Por eso estamos planteando la inconstitucionalidad de esta ley, que avanza sobre el art. 14 de la Constitución Nacional, sobre el Art. 82 de la Constitución Provincial y sobre las leyes de paritaria docente”, precisó Pagani.
En tanto, la medida cautelar innovativa que también se presentó este lunes, busca lograr un fallo favorable que, en primera instancia, suspenda la aplicación de la Ley. Al respecto, las entidades sindicales confían en que las novedades sobre este punto deberían producirse en una semana, no más.
Desde el sector docente cuestionaron, además, la “imposición unilateral del teletrabajo o trabajo a domicilio virtual sin entregar y poner a disposición de los trabajadores las herramientas de trabajo”.
Comentaron que con esta modalidad para dar clases “amplió la carga horaria y tarea de docentes, directivos y preceptores, haciendo que ‘reemplacen’ en cargos y horas sin personal y sin retribución salarial”.
Los cuatro gremios que presentaron el reclamo a la justicia (AGMER, UDA, ATE y AMET) solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la norma aprobada por la legislatura entrerriana y promulgada por el ejecutivo provincial.