A través de un decreto publicado este jueves, el Ejecutivo dispuso un incremento del 0,5% en los tributos a la nafta y el gasoil. El resto del ajuste pendiente se postergó para junio buscando «atenuar» el impacto inflacionario.
Por Redacción InfoParaná | Jueves 30 de abril de 2026
Como ya es costumbre en la víspera de un nuevo mes, los conductores paranaenses deberán prepararse para un ajuste en los precios de los surtidores. A través del Decreto 302/2026, el Gobierno nacional oficializó una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que entrará en vigencia este 1° de mayo.
Sin embargo, para evitar un golpe directo al índice de inflación —que viene mostrando signos de aceleración—, el Palacio de Hacienda decidió «partir» el aumento: una parte mínima impactará mañana y el grueso del ajuste remanente se trasladó para el mes de junio.
Los números del aumento (por litro)
Según el análisis de la normativa, el incremento impositivo base se traduce de la siguiente manera:
-
Naftas (Súper y Premium): El impuesto a los combustibles líquidos sube $10,398 por litro, a lo que se suman $0,637 por el tributo al dióxido de carbono.
-
Gasoil: El incremento será de $9,269 por litro en el impuesto base y $1,056 por dióxido de carbono.
A estos valores impositivos, las petroleras (YPF, Shell, Axion) suelen sumarle un ajuste propio por el costo de los biocombustibles y la variación del tipo de cambio, por lo que el precio final en cartelera en las estaciones de Paraná podría superar el 2% o 3% total.
El costo de «frenar» la suba
La decisión de Javier Milei de no aplicar el aumento pleno responde a un «sendero fiscal sostenible» que busca no asfixiar el consumo. No obstante, esta estrategia tiene un costo para el Estado: según consultoras privadas, postergar estos aumentos durante 2025 significó una pérdida de recaudación de más de 2.300 millones de dólares.
Contexto internacional
A la presión interna por los impuestos se suma la volatilidad del precio del barril de petróleo debido a las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que obliga al Gobierno a calibrar mes a mes el valor de la energía para que la economía no pierda competitividad.