El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió esta mañana a la polémica generada por la Ley de Emergencia en Discapacidad, defendiendo la decisión del Gobierno de suspenderla y desafiando a los diputados a avanzar con la moción de censura en su contra. El funcionario insiste en que el problema no es la voluntad política, sino la falta de presupuesto.
Francos explicó que, si bien el Poder Ejecutivo promulgó la ley, la normativa no puede aplicarse porque el Congreso no estableció las partidas presupuestarias necesarias. “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos”, enfatizó, citando la Ley 24.156. En ese sentido, aseguró que, de haberla aplicado, podría haber sido denunciado por “incumplimiento de funcionario público”.
Presupuesto, la clave del conflicto
El ministro coordinador indicó que el costo estimado para dar cumplimiento a la ley de discapacidad es de unos 3 billones de pesos, un monto que, según él, no está contemplado en el presupuesto actual. “No basta con decir que el jefe de Gabinete reasignará partidas, porque no las hay”, sentenció. Además, advirtió sobre la incertidumbre de la demanda futura, ya que hay 1.300.000 pensiones por discapacidad y no se sabe cuántas más podrían solicitarse.
Mirando hacia adelante: reformas y acuerdos
A pesar de la tensión, Francos se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones políticas. Sostuvo que, si bien la Argentina está en “un proceso electoral” que complica los acuerdos, el Gobierno buscará avanzar en reformas laborales y tributarias que considera “muy importantes para el país”. En ese marco, afirmó que harán «todos los esfuerzos necesarios» para volver a conseguir acuerdos con los sectores políticos que acompañaron al Gobierno en el pasado.
“Hay que mirar para adelante y buscar acuerdos”, concluyó Francos, y confirmó que el Presidente Javier Milei designó a un ministro del Interior para encargarse de estas negociaciones.