Un tendal de damnificados, sueños rotos y una cifra que supera los 100 millones de pesos en cheques sin fondo componen el alarmante escenario que rodea a Mundo Steel, una empresa dedicada a la construcción de viviendas con el sistema steel frame. A pesar del volumen de la presunta estafa y de la acumulación de víctimas en toda la provincia, la decisión judicial de archivar la causa penal encendió las alarmas y generó profunda indignación.
En diálogo con el programa radial Palabras Cruzadas, Dante Leonangeli, periodista y uno de los principales afectados, relató el calvario que vive junto a su familia y expuso el modus operandi de una firma que dejó de atender y desmanteló sus oficinas de Avenida Almafuerte 446, en Paraná.
La ilusión de la casa propia, desvanecida en promesas
El caso de Leonangeli comenzó en julio de 2025, cuando contrató la construcción de una vivienda de 65 metros cuadrados. Con el fin de agilizar los plazos normativos —que estipulaban el inicio de la obra en la cuota 7 y la entrega en la 10 (unos 90 días hábiles)—, la familia realizó una entrega inicial importante y adelantó de forma consecutiva siete cuotas. En teoría, debían mudarse entre diciembre y enero pasados.
«Para enero solo teníamos la malla cima y el nylon; no estaba colocado ni el hormigón de la losa. Lo único que recibimos fue una bolsa interminable de excusas: que la lluvia, que faltaban materiales, que estaban con otras obras», lamentó el damnificado.
A esto se sumaron irregularidades administrativas graves. El responsable de la firma, Ezequiel Morcón, quien suscribió los contratos junto a su pareja Micaela Morales, operaba en la localidad de Oro Verde con la licencia municipal vencida desde septiembre de 2025.
Un «tendal» que supera los 30 damnificados y deudas millonarias
El caso de Leonangeli es apenas la punta del iceberg. Al unirse con otros afectados de la región (Parana, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda, Valle María y Gualeguay), descubrieron que el número de víctimas ya supera las 30 familias. Los testimonios dan cuenta de un perjuicio económico y emocional devastador:
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Pérdidas totales: Una damnificada en Valle María vendió un departamento entero y no le construyeron nada. En Oro Verde, otra vecina entregó dos terrenos y dinero en efectivo sin recibir avances.
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Peligro estructural: Quienes lograron que les levantaran parte de la estructura sufrieron peores consecuencias. Evaluaciones de tres empresas competidoras coincidieron en que la firma utilizaba perfiles diseñados para el interior en las paredes externas. «La casa la tienen que tirar abajo completa porque está mal construida», detallaron.
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Desalojos y crisis habitacionales: Muchas familias no renovaron sus contratos de alquiler confiando en los plazos de entrega de 90 días, quedando literalmente en la calle o teniendo que buscar de forma urgente un techo provisorio.
El impacto económico trasciende a los compradores de las viviendas. Mundo Steel dejó deudas millonarias con proveedores de aberturas, corralones de materiales y pinturerías. Según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) citados durante la entrevista, la firma emitió cheques sin fondo por un valor superior a los 100 millones de pesos.
El amparo en la fe y la indignación con la Justicia
Uno de los puntos que mayor rechazo causa entre los afectados es el perfil que exhibían los responsables del comercio. Según detalló Leonangeli, los acusados solían invocar preceptos religiosos y ayuda al prójimo, vinculándose de forma particular a la Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina (institución de la cual deslindaron cualquier tipo de responsabilidad institucional por tratarse de acciones individuales).
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por las familias —que incluyen contratos certificados ante escribano público, facturas, recibos de pago, informes técnicos de arquitectos y capturas de chats—, la fiscal Jimena Ballesteros decidió archivar la denuncia penal bajo el argumento de que se requiere la producción de mayores elementos probatorios.
La resolución causó un profundo revuelo, considerando el volumen del dinero denunciado y el evidente riesgo de fuga de los titulares. No obstante, las víctimas no se dan por vencidas.
El escenario legal inmediato
«Nos dieron tres días de plazo para apelar y ya estamos trabajando con nuestra abogada en la presentación», anticipó Leonangeli, quien remarcó que buscarán sumar formalmente la mayor cantidad de denuncias en un mismo bloque penal.
Mientras los damnificados intentan sobrellevar el daño psicológico y el estrés financiero, la vía civil asoma como el único canal formalizado para intentar recuperar las millonarias sumas de dinero, vehículos y terrenos que fueron entregados. Por lo pronto, el local comercial de la firma ya luce totalmente vacío y sin identificaciones, mientras las familias entrerrianas exigen que la Justicia actúe antes de que sea tarde.